Embarcaciones (2017): 519
Embarcaciones (2017): 20
Embarcaciones (2017): 426
Embarcaciones (2017): 406
Embarcaciones (2017): 242
Embarcaciones (2017): 26
Embarcaciones (2017): 20
Después de la conocida «crisis de los cayucos» en 2006, cuando más de 30.000 personas llegaron a las Islas Canarias, el año 2017 ha vuelto a marcar un antes y un después en la entrada de personas por mar en las costas españolas. Más de 22.400 personas han llegado a España principalmente a través de las rutas que cruzan el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, y 249 han muerto o han desaparecido en el intento.
Las insuficientes y discriminatorias vías de entrada a Europa imposibilitan los desplazamientos legales y seguros de las personas que deben o quieren dejar atrás su país de origen. Las políticas de control, vigilancia y militarización de fronteras de la Unión Europea y del Estado español aumentan la peligrosidad del trayecto por mar, y vulneran los derechos a la vida, la integridad física y la salud física y mental de las personas que lo emprenden.
Las devoluciones en caliente son una práctica ilegal que se realiza de forma sistemática en la Frontera Sur. Las unidades policiales y militares de vigilancia marítima españolas, europeas y marroquíes colaboran estrechamente para llevarlas a cabo sin que haya registros oficiales del número, la naturaleza o el resultado de las actuaciones. Hay una absoluta opacidad hacia el número de muertes, desapariciones y vulneraciones de derechos humanos que provocan las devoluciones en caliente.
Gracias a testimonios que lo relatan en primera persona, se sabe que la Guardia Civil bloquea en alta mar las embarcaciones que intercepta para poder devolverlas a Marruecos. El Estado español está incumpliendo las obligaciones que tiene como Estado en materia de rescate y asistencia humanitaria en el mar y está vulnerando los derechos a la vida y la integridad física, a solicitar asilo, a obtener asistencia sanitaria y jurídica y a la libre circulación.
Los mecanismos de búsqueda y rescate de las autoridades españolas no son suficientes para garantizar el rescate con vida de las personas que tratan de entrar por mar. Es gracias a la labor que realiza Salvamento Marítimo que miles de personas no pierden la vida en el intento: en 2017, Salvamento Marítimo rescató a más de 18.000 personas que trataban de llegar a las costas españolas por mar. Para que el servicio de Salvamento Marítimo se active, debe recibir un aviso de la presencia de personas en peligro en el mar, la mayoría de los cuales llegan a través de la ONG Caminando Fronteras.
Desde el momento en que las personas llegan a territorio español, son privadas de libertad durante 72 horas en distintas instalaciones que se encuentran en pésimas condiciones desde donde se les abre una orden de devolución a sus países de origen.
Al llegar, ves que te están esperando la Cruz Roja y la policía. La Cruz Roja te atiende si tienes algún dolor y te dan bebidas calientes. Las personas cuando llegan se encuentran mal, muchas están mareadas, pero tras una intervención rápida de la Cruz Roja, la Policía te pone las esposas y te lleva al calabozo.
En la mayor parte de situaciones, los abogados/as asisten a las personas detenidas únicamente para notificar la devolución sin ser informadas de sus derechos y sin la posibilidad de solicitar asilo o de ser trasladadas a recursos de acogida en los casos de menores de edad o de potenciales víctimas de trata. Los programas de primera asistencia carecen de recursos para poder atender adecuada y dignamente a las personas que han llegado: los criterios policiales priman por encima de los médicos y psicosociales, los traductores son inexistentes o insuficientes y no se aplica la perspectiva de género en la atención.
No hay un protocolo de actuación efectivo para la identificación de las personas muertas ni canales adecuados para informar a las familias de las personas fallecidas. Prácticamente la totalidad de personas que pierden la vida en el trayecto migratorio acaban siendo enterradas sin nombre en cementerios cercanos a los puertos. En las Islas Canarias, al no haber consulados de los países de origen, los procesos de identificación son prácticamente imposibles: solo en el «Cementerio de los olvidados» en Fuerteventura se calcula que hay enterradas cerca de 1.600 personas sin identificar.
En los casos de desaparición el duelo se complica. A principios del siglo pasado, ya se hablaba de la prueba de realidad como necesaria para que se inicie un duelo. Esta prueba supone constatar que la persona ha muerto. Pero en el caso de los desaparecidos esta prueba de realidad no existe, no se puede verificar por la ausencia de información sobre su paradero y por la inexistencia del cadáver. No se puede asegurar que viva, pero tampoco que haya muerto.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros/as (CIE) se están empleando como herramienta de primera recepción de las personas que llegan por vías marítimas a la Frontera Sur. Son centros de privación de libertad que no reúnen unas condiciones dignas ni un trabajo adecuado con potenciales solicitantes de asilo, víctimas de trata o menores de edad. Se han registrado situaciones de violencia institucional en todos los CIE del Estado.
En 2017 se internó a 8.814 personas en los CIE del Estado español. El motivo principal de internamiento consistió en tener abierto un expediente de devolución (85%), la mayoría debido a la entrada irregular a través del mar (81%).
El CIE de Barranco Seco en Las Palmas es una antigua cárcel franquista en el que casi no ha habido remodelaciones desde 1930 y que cuenta con capacidad para 170 personas. Durante el 2017, la mayor parte de personas internadas en este CIE fueron trasladadas al cabo de quince días al CIE de Hoya Fría. Con el traslado, las personas internadas pierden contacto con el abogado/a de oficio que les asistió.
El CIE de Barranco Seco es mixto, alberga a hombres y mujeres. No hay personal femenino en el CIE y, gracias a las denuncias y a la presión social y política, el kit de higiene que se les entrega a las mujeres ha mejorado. Antes tenían que solicitar al personal policial la ropa interior y las compresas.
El CIE de Algeciras se encuentra en el antiguo Centro Penitenciario de la Piñera, que fue clausurado en el año 2000 porque las condiciones en las que se encontraba hacían inviable su continuidad. En 2003 se empezó a utilizar como CIE con una capacidad para 190 personas. Debido a las pésimas condiciones en las que se sigue encontrando, actualmente se interna solo a 30 personas. En la Isla de las Palomas de Tarifa, unos antiguos barracones de uso militar se consideran un anexo al CIE de Algeciras.
Nos llevaron al CIE de Tarifa. Era peor que una cárcel, porque allí como mínimo tienes algunos derechos. Las condiciones eran deplorables y el trato, degradante. Hacía mucho frío y tardaban una semana en dejar que nos ducháramos. El CIE es inhumano y racista. Pierdes la libertad y cualquier cosa es una complicación.
Dadas las graves carencias en sus instalaciones y su funcionamiento, junto con las constantes vejaciones y agresiones por parte de los cuerpos de seguridad hacia las personas internas, en los últimos años el CIE de Murcia se ha puesto en el centro de la polémica. Una de las realidades más preocupantes es la presencia continuada de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como «antidisturbios», preparados para la gestión del orden público y, en ningún caso, para la custodia de personas privadas de libertad.
Durante un fin de semana de noviembre de 2017, llegaron más de 550 personas a las costas de Almería y Murcia y fueron internadas en el Centro Penitenciario de Archidona, el cual aún no había entrado nunca en funcionamiento. Sin agua potable ni calefacción, con un solo intérprete y un solo médico y sin horarios de visita, Archidona funcionó como CIE durante 51 días custodiado por la UIP de antidisturbios. Las diferentes protestas que tuvieron lugar durante ese tiempo fueron fuertemente reprimidas, con los agentes llevando armas que dispararon balas de goma en el interior de la cárcel.
El 29 de diciembre apareció muerto en su celda Mohamed Bouderbala tras haber permanecido en aislamiento durante dieciocho horas. La investigación se archivó de manera repentina. Ha sido recurrida por la Acusación Particular impulsada por el hermano de Mohamed y por la Acusación Popular, ejercida por la entidad Málaga Acoge.
El discurso oficial de la victimización de las mujeres migrantes como víctimas inocentes y obligadas a trabajar contra su voluntad ha llegado a constituir un mito cultural que ha tenido un gran impacto en la construcción social de las migraciones de las mujeres, y ha repercutido directamente en su seguridad y en el no reconocimiento de su capacidad de agencia y de sus proyectos emancipadores.
La vinculación de las migraciones de las mujeres con las redes de trata contribuye a alimentar el prejuicio y el estereotipo sobre sus estrategias de emancipación y sobre la forma en que las madres migrantes ejercen el cuidado de sus hijos, vulnerando los derechos de la infancia y del derecho a la vida privada y familiar
Por otro lado, los protocolos de identificación de víctimas de trata tienen un resultado prácticamente nulo, donde prima un enfoque de persecución del delito por encima de la protección de las víctimas de trata. Es imprescindible presentar una denuncia para que una mujer sea considerada víctima de trata y, por lo tanto, para que se activen los mecanismos de protección, hecho que pone su seguridad en peligro y que hace que todo el peso de la responsabilidad recaiga sobre ellas.
El aumento de llegadas de mujeres nigerianas con indicios de ser víctimas de trata y acompañadas de bebés recién nacidos hizo que la Fiscalía de Extranjería empezara a realizar pruebas de ADN para constatar el vínculo biológico. Cuando se comprueba que lo hay y las madres no se reconocen como víctimas de trata, las autoridades lo interpretan como un factor de riesgo para el menor y se separan a los hijos de sus madres. Para evitar esta separación, solo pueden autoidentificarse como víctimas de trata. Es fundamental que las autoridades entiendan que no hacerlo debe considerarse normal ante la situación en la que se encuentran.
Otra constatación de la discriminación y estigma a la que las mujeres migrantes están sometidas es la creencia de que utilizan el embarazo como estrategia para conseguir la nacionalidad, y es por eso que las autoridades denominan a estos bebés «niños ancla». Sin embargo, dado el mecanismo a través del cual se puede adquirir la nacionalidad en España, el hecho de que un bebé nazca en territorio español no conlleva que la madre adquiera la nacionalidad, ya que tampoco la adquiere el niño o niña de manera automática, sino que adquiere la de sus padres. Esta mirada lleva a la idea de que las mujeres migrantes consideran a sus hijos e hijas como medios e instrumentos migratorios, hecho que contribuye a alimentar el prejuicio y el estereotipo sobre la forma en que las mujeres migrantes ejercen el cuidado de sus hijos.
De todas las personas que llegan por mar a territorio español, a las únicas a las que no se les abre un proceso de devolución a sus países de origen son aquellas que solicitan protección internacional y se les admite a trámite, a los menores de edad y a personas en una situación de especial vulnerabilidad, como son las mujeres embarazadas o las potenciales víctimas de trata. Todas las demás personas que llegan a las costas españolas por mar acaban estando en situación irregular por un período de tiempo más o menos largo.
Estar en situación administrativa irregular conlleva muchos obstáculos que van desde la dificultad de encontrar un trabajo, acceder a la sanidad pública en condiciones de igualdad, a la educación o a una serie de derechos reservados de manera exclusiva a las personas que no se encuentran en esta situación, además de una serie de impactos psicológicos relacionados con la inseguridad y la marginalidad social.
Para las personas que se encuentran en situación irregular, la expulsión del país no se considera un recurso de última ratio sino que, bien al contrario, es el único mecanismo que se aplica mientras transcurre el mínimo de tres años necesario para conseguir regularizar su situación, dejándolas en una situación especialmente complicada y con muy pocas opciones para mejorarla.
Las órdenes de devolución pueden tener una vigencia de hasta cinco años y las órdenes de expulsión pueden tener una vigencia de entre tres y doce años, ambas con la prohibición de volver a entrar en España por un plazo de entre uno y diez años.
En los últimos años se han estado deportando a personas mediante deportaciones exprés. A través de redadas, identificaciones por perfil étnico o engaños, las personas que se encuentran en situación irregular y que son del país de destino del macrovuelo que esté programado para la deportación son llevadas al calabozo y de allí deportadas en menos de 72 horas y sin presencia de un juez. Las deportaciones exprés no solo representan una grave vulneración de derechos por su opacidad a la hora de conocer la situación a tiempo tanto por parte de los familiares como de los abogados/as, sino también por la vulneración de derechos que conlleva una expulsión sin control judicial ni cobertura jurídica.
La inadecuación del sistema de protección actual de los menores no acompañados provoca que los menores se desvinculen de este sistema ante una situación de inseguridad y desprotección constantes que generan incerteza, alerta y estrés sostenidos. Las personas quedan invisibilizadas por la situación de supervivencia a la que se ven sometidas y que solo salen a la luz cuando las circunstancias son insostenibles. Dicha situación resulta especialmente alarmante en términos de salud mental y de desarrollo físico, emocional y cognitivo.
Cuando los menores no acompañados cumplen los dieciocho años, el sistema de protección actual tiene un gran vacío respecto al acompañamiento que se les da y se ven en una situación de mayor vulnerabilidad ante la amenaza de una expulsión, hecho que también conlleva sentimientos de incerteza, angustia, frustración respecto a las expectativas y potenciales conductas disruptivas.
Las personas que llegan por mar a territorio español sufren vulneraciones de derechos que pocas veces son visibles. A pesar de que 2017 ha sido un año especialmente relevante por lo que se refiere al número de personas que han llegado por mar, la situación no se ha visibilizado ni tampoco han cesado las vulneraciones de derechos. A continuación, se recogen las conclusiones más relevantes de esta investigación.
A partir de las vulneraciones de derechos que se llevan constatando en los últimos años y de la investigación realizada para este informe, a continuación se desarrollan una serie de recomendaciones que apelan directamente a las autoridades responsables y que tienen como objetivo apuntar hacia un cambio de paradigma en la política migratoria actual para que esta sea respetuosa con los derechos de las personas que migran y que llegan a España.
En cuanto al viaje migratorio por mar, recomendamos:
En cuanto a la llegada a tierra, recomendamos:
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El presente informe audiovisual es fruto de un trabajo conjunto de miembros de Irídia, Fotomovimiento y Novact:
Asimismo, el equipo de investigación del presente informe quiere expresar su agradecimiento a las personas y colectivos que han hecho posible el mismo, ya sea aportando su conocimiento o apoyándonos en el proceso:
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