Frontera Sur

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Rutas desde el norte de ÁfricaNorte de África

Llegadas (2017): 20884
Embarcaciones (2017): 519

Rutas desde el oeste de ÁfricaOeste de África

Llegadas (2017): 434
Embarcaciones (2017): 20

Mar de AlboránMar de Alborán

Llegadas (2017): 11790
Embarcaciones (2017): 426

Estrecho de GibraltarEstrecho de Gibraltar

Llegadas (2017): 6300
Embarcaciones (2017): 406

Argelia - LevanteArgelia - Levante

Llegadas (2017): 2492
Embarcaciones (2017): 242

Argelia - MallorcaArgelia - Mallorca

Llegadas (2017): 302
Embarcaciones (2017): 26

África occidental - CanariasÁfrica occidental - Canarias

Llegadas (2017): 434
Embarcaciones (2017): 20

Después de la conocida «crisis de los cayucos» en 2006, cuando más de 30.000 personas llegaron a las Islas Canarias, el año 2017 ha vuelto a marcar un antes y un después en la entrada de personas por mar en las costas españolas. Más de 22.400 personas han llegado a España principalmente a través de las rutas que cruzan el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, y 249 han muerto o han desaparecido en el intento.

El control de fronteras

Las insuficientes y discriminatorias vías de entrada a Europa imposibilitan los desplazamientos legales y seguros de las personas que deben o quieren dejar atrás su país de origen. Las políticas de control, vigilancia y militarización de fronteras de la Unión Europea y del Estado español aumentan la peligrosidad del trayecto por mar, y vulneran los derechos a la vida, la integridad física y la salud física y mental de las personas que lo emprenden.

Las devoluciones en caliente

Las devoluciones en caliente son una práctica ilegal que se realiza de forma sistemática en la Frontera Sur. Las unidades policiales y militares de vigilancia marítima españolas, europeas y marroquíes colaboran estrechamente para llevarlas a cabo sin que haya registros oficiales del número, la naturaleza o el resultado de las actuaciones. Hay una absoluta opacidad hacia el número de muertes, desapariciones y vulneraciones de derechos humanos que provocan las devoluciones en caliente.

Gracias a testimonios que lo relatan en primera persona, se sabe que la Guardia Civil bloquea en alta mar las embarcaciones que intercepta para poder devolverlas a Marruecos. El Estado español está incumpliendo las obligaciones que tiene como Estado en materia de rescate y asistencia humanitaria en el mar y está vulnerando los derechos a la vida y la integridad física, a solicitar asilo, a obtener asistencia sanitaria y jurídica y a la libre circulación.

El rescate

Los mecanismos de búsqueda y rescate de las autoridades españolas no son suficientes para garantizar el rescate con vida de las personas que tratan de entrar por mar. Es gracias a la labor que realiza Salvamento Marítimo que miles de personas no pierden la vida en el intento: en 2017, Salvamento Marítimo rescató a más de 18.000 personas que trataban de llegar a las costas españolas por mar. Para que el servicio de Salvamento Marítimo se active, debe recibir un aviso de la presencia de personas en peligro en el mar, la mayoría de los cuales llegan a través de la ONG Caminando Fronteras.

Primera asistencia y detención

Desde el momento en que las personas llegan a territorio español, son privadas de libertad durante 72 horas en distintas instalaciones que se encuentran en pésimas condiciones desde donde se les abre una orden de devolución a sus países de origen.

Al llegar, ves que te están esperando la Cruz Roja y la policía. La Cruz Roja te atiende si tienes algún dolor y te dan bebidas calientes. Las personas cuando llegan se encuentran mal, muchas están mareadas, pero tras una intervención rápida de la Cruz Roja, la Policía te pone las esposas y te lleva al calabozo.

Aziz Faye (Migración desde Senegal/Sindicato Popular de Vendedores Ambulante)

En la mayor parte de situaciones, los abogados/as asisten a las personas detenidas únicamente para notificar la devolución sin ser informadas de sus derechos y sin la posibilidad de solicitar asilo o de ser trasladadas a recursos de acogida en los casos de menores de edad o de potenciales víctimas de trata. Los programas de primera asistencia carecen de recursos para poder atender adecuada y dignamente a las personas que han llegado: los criterios policiales priman por encima de los médicos y psicosociales, los traductores son inexistentes o insuficientes y no se aplica la perspectiva de género en la atención.

La identificación de los muertos

No hay un protocolo de actuación efectivo para la identificación de las personas muertas ni canales adecuados para informar a las familias de las personas fallecidas. Prácticamente la totalidad de personas que pierden la vida en el trayecto migratorio acaban siendo enterradas sin nombre en cementerios cercanos a los puertos. En las Islas Canarias, al no haber consulados de los países de origen, los procesos de identificación son prácticamente imposibles: solo en el «Cementerio de los olvidados» en Fuerteventura se calcula que hay enterradas cerca de 1.600 personas sin identificar.

En los casos de desaparición el duelo se complica. A principios del siglo pasado, ya se hablaba de la prueba de realidad como necesaria para que se inicie un duelo. Esta prueba supone constatar que la persona ha muerto. Pero en el caso de los desaparecidos esta prueba de realidad no existe, no se puede verificar por la ausencia de información sobre su paradero y por la inexistencia del cadáver. No se puede asegurar que viva, pero tampoco que haya muerto.

Félix González (Presidente de la Sociedad Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental)

Los Centros de Internamiento de Extranjeros/as (CIE) se están empleando como herramienta de primera recepción de las personas que llegan por vías marítimas a la Frontera Sur. Son centros de privación de libertad que no reúnen unas condiciones dignas ni un trabajo adecuado con potenciales solicitantes de asilo, víctimas de trata o menores de edad. Se han registrado situaciones de violencia institucional en todos los CIE del Estado.

En 2017 se internó a 8.814 personas en los CIE del Estado español. El motivo principal de internamiento consistió en tener abierto un expediente de devolución (85%), la mayoría debido a la entrada irregular a través del mar (81%).

Los CIE de Barranco Seco y de Hoya Fría (Islas Canarias)

El CIE de Barranco Seco en Las Palmas es una antigua cárcel franquista en el que casi no ha habido remodelaciones desde 1930 y que cuenta con capacidad para 170 personas. Durante el 2017, la mayor parte de personas internadas en este CIE fueron trasladadas al cabo de quince días al CIE de Hoya Fría. Con el traslado, las personas internadas pierden contacto con el abogado/a de oficio que les asistió.

El CIE de Barranco Seco es mixto, alberga a hombres y mujeres. No hay personal femenino en el CIE y, gracias a las denuncias y a la presión social y política, el kit de higiene que se les entrega a las mujeres ha mejorado. Antes tenían que solicitar al personal policial la ropa interior y las compresas.

Jenny Sadhwani (Plataforma Canarias Libre de CIE)

El CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa

El CIE de Algeciras se encuentra en el antiguo Centro Penitenciario de la Piñera, que fue clausurado en el año 2000 porque las condiciones en las que se encontraba hacían inviable su continuidad. En 2003 se empezó a utilizar como CIE con una capacidad para 190 personas. Debido a las pésimas condiciones en las que se sigue encontrando, actualmente se interna solo a 30 personas. En la Isla de las Palomas de Tarifa, unos antiguos barracones de uso militar se consideran un anexo al CIE de Algeciras.

Nos llevaron al CIE de Tarifa. Era peor que una cárcel, porque allí como mínimo tienes algunos derechos. Las condiciones eran deplorables y el trato, degradante. Hacía mucho frío y tardaban una semana en dejar que nos ducháramos. El CIE es inhumano y racista. Pierdes la libertad y cualquier cosa es una complicación.

Najib (Migración desde el Rif, Marruecos)

El CIE de Murcia

Dadas las graves carencias en sus instalaciones y su funcionamiento, junto con las constantes vejaciones y agresiones por parte de los cuerpos de seguridad hacia las personas internas, en los últimos años el CIE de Murcia se ha puesto en el centro de la polémica. Una de las realidades más preocupantes es la presencia continuada de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como «antidisturbios», preparados para la gestión del orden público y, en ningún caso, para la custodia de personas privadas de libertad.

Archidona

Durante un fin de semana de noviembre de 2017, llegaron más de 550 personas a las costas de Almería y Murcia y fueron internadas en el Centro Penitenciario de Archidona, el cual aún no había entrado nunca en funcionamiento. Sin agua potable ni calefacción, con un solo intérprete y un solo médico y sin horarios de visita, Archidona funcionó como CIE durante 51 días custodiado por la UIP de antidisturbios. Las diferentes protestas que tuvieron lugar durante ese tiempo fueron fuertemente reprimidas, con los agentes llevando armas que dispararon balas de goma en el interior de la cárcel.

El 29 de diciembre apareció muerto en su celda Mohamed Bouderbala tras haber permanecido en aislamiento durante dieciocho horas. La investigación se archivó de manera repentina. Ha sido recurrida por la Acusación Particular impulsada por el hermano de Mohamed y por la Acusación Popular, ejercida por la entidad Málaga Acoge.

Estigma y discriminación

El discurso oficial de la victimización de las mujeres migrantes como víctimas inocentes y obligadas a trabajar contra su voluntad ha llegado a constituir un mito cultural que ha tenido un gran impacto en la construcción social de las migraciones de las mujeres, y ha repercutido directamente en su seguridad y en el no reconocimiento de su capacidad de agencia y de sus proyectos emancipadores.

Las redes de trata

La vinculación de las migraciones de las mujeres con las redes de trata contribuye a alimentar el prejuicio y el estereotipo sobre sus estrategias de emancipación y sobre la forma en que las madres migrantes ejercen el cuidado de sus hijos, vulnerando los derechos de la infancia y del derecho a la vida privada y familiar

Por otro lado, los protocolos de identificación de víctimas de trata tienen un resultado prácticamente nulo, donde prima un enfoque de persecución del delito por encima de la protección de las víctimas de trata. Es imprescindible presentar una denuncia para que una mujer sea considerada víctima de trata y, por lo tanto, para que se activen los mecanismos de protección, hecho que pone su seguridad en peligro y que hace que todo el peso de la responsabilidad recaiga sobre ellas.

Las madres

El aumento de llegadas de mujeres nigerianas con indicios de ser víctimas de trata y acompañadas de bebés recién nacidos hizo que la Fiscalía de Extranjería empezara a realizar pruebas de ADN para constatar el vínculo biológico. Cuando se comprueba que lo hay y las madres no se reconocen como víctimas de trata, las autoridades lo interpretan como un factor de riesgo para el menor y se separan a los hijos de sus madres. Para evitar esta separación, solo pueden autoidentificarse como víctimas de trata. Es fundamental que las autoridades entiendan que no hacerlo debe considerarse normal ante la situación en la que se encuentran.

Otra constatación de la discriminación y estigma a la que las mujeres migrantes están sometidas es la creencia de que utilizan el embarazo como estrategia para conseguir la nacionalidad, y es por eso que las autoridades denominan a estos bebés «niños ancla». Sin embargo, dado el mecanismo a través del cual se puede adquirir la nacionalidad en España, el hecho de que un bebé nazca en territorio español no conlleva que la madre adquiera la nacionalidad, ya que tampoco la adquiere el niño o niña de manera automática, sino que adquiere la de sus padres. Esta mirada lleva a la idea de que las mujeres migrantes consideran a sus hijos e hijas como medios e instrumentos migratorios, hecho que contribuye a alimentar el prejuicio y el estereotipo sobre la forma en que las mujeres migrantes ejercen el cuidado de sus hijos.

De todas las personas que llegan por mar a territorio español, a las únicas a las que no se les abre un proceso de devolución a sus países de origen son aquellas que solicitan protección internacional y se les admite a trámite, a los menores de edad y a personas en una situación de especial vulnerabilidad, como son las mujeres embarazadas o las potenciales víctimas de trata. Todas las demás personas que llegan a las costas españolas por mar acaban estando en situación irregular por un período de tiempo más o menos largo.

El horizonte de la irregularidad sin derechos

Estar en situación administrativa irregular conlleva muchos obstáculos que van desde la dificultad de encontrar un trabajo, acceder a la sanidad pública en condiciones de igualdad, a la educación o a una serie de derechos reservados de manera exclusiva a las personas que no se encuentran en esta situación, además de una serie de impactos psicológicos relacionados con la inseguridad y la marginalidad social.

Para las personas que se encuentran en situación irregular, la expulsión del país no se considera un recurso de última ratio sino que, bien al contrario, es el único mecanismo que se aplica mientras transcurre el mínimo de tres años necesario para conseguir regularizar su situación, dejándolas en una situación especialmente complicada y con muy pocas opciones para mejorarla.

Las deportaciones

Las órdenes de devolución pueden tener una vigencia de hasta cinco años y las órdenes de expulsión pueden tener una vigencia de entre tres y doce años, ambas con la prohibición de volver a entrar en España por un plazo de entre uno y diez años.

En los últimos años se han estado deportando a personas mediante deportaciones exprés. A través de redadas, identificaciones por perfil étnico o engaños, las personas que se encuentran en situación irregular y que son del país de destino del macrovuelo que esté programado para la deportación son llevadas al calabozo y de allí deportadas en menos de 72 horas y sin presencia de un juez. Las deportaciones exprés no solo representan una grave vulneración de derechos por su opacidad a la hora de conocer la situación a tiempo tanto por parte de los familiares como de los abogados/as, sino también por la vulneración de derechos que conlleva una expulsión sin control judicial ni cobertura jurídica.

Los menores no acompañados

La inadecuación del sistema de protección actual de los menores no acompañados provoca que los menores se desvinculen de este sistema ante una situación de inseguridad y desprotección constantes que generan incerteza, alerta y estrés sostenidos. Las personas quedan invisibilizadas por la situación de supervivencia a la que se ven sometidas y que solo salen a la luz cuando las circunstancias son insostenibles. Dicha situación resulta especialmente alarmante en términos de salud mental y de desarrollo físico, emocional y cognitivo.

Cuando los menores no acompañados cumplen los dieciocho años, el sistema de protección actual tiene un gran vacío respecto al acompañamiento que se les da y se ven en una situación de mayor vulnerabilidad ante la amenaza de una expulsión, hecho que también conlleva sentimientos de incerteza, angustia, frustración respecto a las expectativas y potenciales conductas disruptivas.

Las personas que llegan por mar a territorio español sufren vulneraciones de derechos que pocas veces son visibles. A pesar de que 2017 ha sido un año especialmente relevante por lo que se refiere al número de personas que han llegado por mar, la situación no se ha visibilizado ni tampoco han cesado las vulneraciones de derechos. A continuación, se recogen las conclusiones más relevantes de esta investigación.

El viaje migratorio por mar

Los medios y mecanismos de monitoreo, búsqueda y rescate implementados por las autoridades españolas y europeas no son suficientes para garantizar el rescate con vida de todas las personas en el mar. No obstante, la labor que realiza Salvamento Marítimo desde que tiene conocimiento de una situación de riesgo es, en términos generales, muy positiva.
Las políticas de control, vigilancia y militarización de fronteras aplicadas por la Unión Europea y el Estado español, así como el endurecimiento de las condiciones legales de entrada a Europa, aumentan la peligrosidad de los trayectos por vía marítima realizados por las personas migrantes vulnerando su derecho a la vida, la integridad física, la salud física y mental, e imposibilitando que se cumplan las condiciones necesarias para poder realizar las migraciones mediante vías seguras.
Las devoluciones en caliente en el mar, a pesar de constituir una práctica contraria a la legislación internacional en materia de derechos humanos, se realizan de forma sistemática en la Frontera Sur con la colaboración de las unidades policiales y militares de vigilancia marítima españolas, europeas y marroquíes, sin que haya datos ni registros oficiales del número o la naturaleza de estas actuaciones ni de los casos de muertes, desapariciones y/o violaciones de derechos humanos derivados de estas prácticas y sin que se conozcan los protocolos de actuación.
En los casos documentados de devoluciones en caliente, el mecanismo de bloqueo en alta mar realizado por la Guardia Civil supone un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de rescate y asistencia humanitaria en el mar, y una violación de los derechos humanos tales como el derecho a la vida y la integridad física, el derecho a solicitar asilo, a obtener asistencia sanitaria y jurídica y el derecho a la libre circulación.
Las devoluciones en caliente en el mar impiden que se lleve a cabo un tratamiento individualizado de la situación de las personas que llegan, imposibilitando que se identifique adecuadamente a posibles personas refugiadas y sus necesitadas concretas.
La indefinición sobre las áreas marítimas que son responsabilidad de cada Estado, junto con la falta de transparencia sobre los protocolos de actuación y de datos oficiales, contribuyen a la dilucidación de responsabilidades cuando se conocen casos de muertes, desapariciones y/o violaciones de derechos humanos.
No se conocen herramientas de monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas en los casos en que Salvamento Marítimo no logra encontrar una embarcación para señalar responsabilidades sobre posibles naufragios, muertes o desapariciones así como para mejorar el sistema.
El protocolo de Salvamento Marítimo no incluye ningún mecanismo de contabilización o seguimiento de embarcaciones desde origen, ni tampoco existe ninguna exigencia de las autoridades a este respecto.
Las embarcaciones empleadas por los dispositivos de vigilancia de la Guardia Civil en el mar no son las adecuadas para realizar tareas de rescate con garantías de seguridad.
Las dificultades para recoger datos de todas las muertes y desapariciones que se producen en el mar vulneran el derecho de las personas migrantes y de sus familias e impiden emprender procesos de verdad, justicia y reparación que incluyan la búsqueda, registro e identificación de los cuerpos, y faciliten que las familias de las víctimas puedan participar en estos procesos.

La llegada a tierra

Las personas que son rescatadas por Salvamento y llegan a tierra se encuentran detenidas desde el momento en que llegan. La intervención inicial realizada por Cruz Roja no garantiza la correcta atención a las personas recién llegadas por la rapidez de su actuación así como por la falta de medios de traducción adecuados.
Las personas recién llegadas son privadas de libertad durante 72 horas de manera sistemática en calabozos que no están preparados para la acogida de personas que acaban de finalizar un viaje que en muchas ocasiones es traumático. Por otra parte, se ha detectado la privación de libertad de menores con sus madres/padres así como de menores no acompañados.
Los programas de primera asistencia carecen de recursos suficientes para realizar un acompañamiento psicosocial a las personas migradas, hecho que conlleva una fuerte desatención a su potencial dolor emocional y daño psicológico y un consecuente posible trastorno relacionado con la salud mental.
El protocolo de actuación para la información acerca del proceso de asilo no es adecuado, a excepción del caso de Málaga donde la información la facilitan abogados/as desde los momentos posteriores a la llegada a puerto.
Existen estereotipos de género en agentes policiales y trabajadores de organizaciones que llevan a simplificar la realidad de las mujeres migrantes, considerando que son víctimas de trata en la mayor parte de los casos o desconfiando públicamente acerca de si son madres o no de los niños que van consigo.
La identificación de menores de edad no se está realizando con la suficiente celeridad y rigurosidad. En el caso de que haya dudas acerca de la edad de una persona que pudiera ser menor, debería ser trasladada inmediatamente a centros de protección de menores en vez de mantener la ruta prevista para las personas adultas. Las pruebas oseométricas deberían dejar de realizarse por su inexactitud.
La realización de vistas de internamiento colectivas ante los Juzgados de Instrucción es una grave vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de las personas que pueden acabar siendo internadas en un CIE. Asimismo, también vulnera dichos derechos la práctica de varios Juzgados consistente en dictar autos idénticos para grupos de personas que han llegado en la misma patera, sin individualizar los argumentos que motivan cada una de las decisiones.
No existen mecanismos eficaces ni la voluntad política y judicial adecuada para identificar y favorecer la repatriación de los cadáveres que son rescatados por Salvamento Marítimo.

Los centros de internamiento de extranjeros/as

Los datos que ofrece el Ministerio de Interior sobre procesos de devolución son completamente insuficientes para poder analizar el fenómeno con garantías, además de que se ofrecen con mucho retraso. El tratamiento de datos es simple y no adecuado a los estándares correctos de estadística en materia socio-jurídica. No se especifica de manera correcta el número diferenciado de personas que han sido internadas en un CIE bajo una orden de devolución o de expulsión y tampoco se indica si las deportaciones de cada CIE son por una orden de expulsión o de devolución, así como tampoco se disgrega por género.
Falta de servicio efectivo de traducción e interpretación que garantice la información de derechos así como su efectiva asistencia sanitaria. Un elemento grave es que no existe un servicio de traducción permanente para que las personas privadas de libertad puedan entrevistarse con sus abogados/as. Es necesario tener en cuenta que la inmensa mayoría de personas que llegan por vías marítimas no hablan ni entienden el castellano.
Distancia respecto de sus representaciones letradas. El proceso de devolución así como la autorización de internamiento tienen lugar en el municipio más cercano al lugar de entrada, por lo que al ser trasladados a ciudades alejadas en muchos casos se rompe la comunicación con sus abogados/as, generando una situación de gran indefensión.
Se han detectado menores llegados por vías marítimas en los CIE. Por un lado, en muchas ocasiones esperan a las pruebas de determinación de la edad privados de libertad en el CIE y, por otro, se sigue otorgando un papel central a las pruebas oseométricas lo que lleva a que haya menores encerrados en el CIE y a que incluso acaben siendo deportados. Cabe destacar que recientemente se ha hecho público que el Comité de los Derechos del Niño está analizando 39 casos de posibles vulneraciones de derechos de la infancia en todo el mundo, de los cuales el 70% corresponden al Estado Español.
Falta de mecanismos de acogida efectiva una vez las personas quedan puestas en libertad, ya que en muchas ocasiones, tras quedar en libertad, se ven en una situación de absoluta desprotección. En otras ocasiones, dicha desprotección se produce después de estar 3 meses en un recurso humanitario.
El acceso al asilo no se hace de manera correcta desde el momento en el que llegan y la información no se proporciona de manera adecuada, sobre todo en los momentos en los que hay mayor masificación en los CIE.
A lo largo de 2016 y 2017 se han vivido diferentes situaciones de violencia institucional en los CIE. En especial hemos encontrado este tipo de situaciones en los CIE de Murcia, Madrid y Barcelona.
Los CIE en los que se interna a mujeres (Algeciras, Las Palmas, Tenerife, Valencia y Madrid) no están preparados para acoger tanto a mujeres como a hombres en sus instalaciones. No hay mecanismos específicos para la prevención y la protección de mujeres que sean potenciales víctimas de trata, más allá del trabajo que realizan organizaciones sociales externas. Asimismo, se ha detectado que las mujeres han de solicitar al personal policial compresas ya que no están incluidas en el kit de higiene que se les entrega.
Los CIE se están empleando como herramienta de primera recepción de las personas que llegan por vías marítimas a la Frontera Sur sin que de ninguna manera esta deba ser una función de los mismos.

Mujeres migrantes

El discurso oficial de la victimización de las mujeres migrantes como víctimas inocentes y obligadas a trabajar contra su voluntad ha llegado a constituir un mito cultural que ha tenido un gran impacto en la construcción social de las migraciones de las mujeres, repercutiendo directamente en su seguridad y en el no reconocimiento de su capacidad de agencia y de sus proyectos emancipadores.
La vinculación de las migraciones de las mujeres con las redes de trata contribuye a alimentar el prejuicio y el estereotipo sobre sus estrategias de emancipación y sobre la forma en que las madres migrantes ejercen el cuidado de sus hijos, vulnerando los derechos de la infancia y el derecho a la vida privada y familiar.
La prevalencia de la lucha contra el delito de la trata por encima de la protección de las mujeres migrantes contribuye a dificultar aún más la situación para las víctimas de trata y repercute directamente en la no identificación de víctimas de trata y, por tanto, en su desprotección.
La distinción entre trata y tráfico es fundamental desde una perspectiva de protección de derechos: cuando se confunde una víctima de trata con una persona sometida a tráfico no se activan los mecanismos de protección de derechos para este tipo de delito, y cuando se confunde una persona sometida a tráfico con una víctima de trata se menoscaba su trabajo de emancipación y su agencia.

¿La acogida?

Las personas que solicitan asilo y a las que se deniega la petición, disponen de quince días para abandonar los centros de acogida. Posteriormente, pasan a estar en situación irregular, lo que las condena a un escenario de alta vulnerabilidad ante la posibilidad de que se las devuelva a su país de origen.
Las personas que desde el CIE no solicitan asilo y a las que tampoco se identifica como personas con un perfil de alta vulnerabilidad se encuentran con una orden de devolución que puede o no hacerse efectiva. En los casos en los que la devolución no se hace efectiva, las personas que se encontraban en el CIE quedan en la calle, en situación administrativa irregular, con una orden de devolución pendiente y, por lo tanto, completamente vulnerabilizadas.
Para las personas que se encuentran en situación irregular, la expulsión del país no se considera un último recurso de última ratio sino que, bien al contrario, es el único mecanismo que se aplica mientras transcurre el mínimo de tres años necesario para conseguir regularizar su situación, dejándolas en una situación especialmente complicada y con muy pocas opciones para mejorarla.
Estar en situación administrativa irregular conlleva muchos obstáculos que van desde la dificultad de encontrar un trabajo, acceder a la sanidad pública en condiciones de igualdad, a la educación o a una serie de derechos reservados de manera exclusiva a las personas que no se encuentran en esta situación, además de una serie de impactos psicológicos relacionados con la inseguridad y la marginalidad social.
La dificultad de conseguir un permiso de residencia para personas en situación irregular permite que las prácticas abusivas por parte de las empresas o personas que las contraten se perpetúe pues la importancia de la existencia de una relación laboral o contrato de larga duración es fundamental para materializarlo y así regularizar su situación administrativa.
Las órdenes de devolución pueden tener una vigencia de hasta cinco años y las órdenes de expulsión pueden tener una vigencia de entre uno y doce años, ambas con la prohibición de volver a entrar en España por un plazo de entre uno y diez años. Estas medidas son especialmente excesivas con consecuencias directas en la agravación de la situación de las personas a las que se les aplica.
A través de redadas, identificaciones por perfil étnico o engaños, las personas que se encuentran en situación irregular y que son del país de destino del macrovuelo que esté programado para la deportación exprés son llevadas al calabozo y de allí deportadas en menos de 72 horas y sin presencia de un juez. Las deportaciones exprés no solo representan una grave vulneración de derechos por su opacidad a la hora de conocer la situación a tiempo tanto por parte de los familiares como de los abogados/as sino también por la vulneración de derechos que conlleva una expulsión sin control judicial ni cobertura jurídica.
El sistema público de salud mental necesita adaptarse: en muchas ocasiones se generan barreras idiomáticas y/o culturales entre las personas migradas y los profesionales sanitarios que, además, requieren formación y sensibilización y que siguen criterios y pautas occidentales para analizar sintomatologías que varían según la cultura.
La inadecuación del sistema de protección actual de los menores no acompañados provoca que los menores se desvinculen de este sistema ante una situación de inseguridad y desprotección constantes que generan una incerteza, alerta y estrés sostenidos. Las personas quedan invisibilizadas por la situación de supervivencia a la que se ven sometidas y que solo salen a la luz cuando las circunstancias son insostenibles. Dicha situación resulta especialmente alarmante en términos de salud mental y de desarrollo físico, emocional y cognitivo.
Cuando los menores no acompañados cumplen los dieciocho años, el sistema de protección actual tiene un gran vacío respecto al acompañamiento que se les da y se ven en una situación de mayor vulnerabilidad ante la amenaza de una expulsión, hecho que también conlleva sentimientos de incerteza, angustia, frustración respecto a las expectativas y potenciales conductas disruptivas.

A partir de las vulneraciones de derechos que se llevan constatando en los últimos años y de la investigación realizada para este informe, a continuación se desarrollan una serie de recomendaciones que apelan directamente a las autoridades responsables y que tienen como objetivo apuntar hacia un cambio de paradigma en la política migratoria actual para que esta sea respetuosa con los derechos de las personas que migran y que llegan a España.

El viaje migratorio por mar

En cuanto al viaje migratorio por mar, recomendamos:

Que se habiliten vías legales y seguras de llegada a territorio europeo que no pongan en peligro la vida de las personas migrantes a través de las rutas marítimas. Para ello, sería preciso activar la posibilidad de pedir asilo en origen y flexibilizar la política de visados con los países africanos para garantizar que las personas puedan viajar en condiciones seguras.
Que se establezcan mecanismos eficaces de monitoreo, detección, búsqueda y rescate de embarcaciones que garanticen que no se produzcan más muertes y desapariciones de personas migrantes durante las travesías marítimas.
Que las operaciones de rescate se realicen con unos medios y mecanismos adecuados que cumplan con las obligaciones internacionales de los Estados en materia tanto de salvamento y asistencia humanitaria para salvaguardar la vida en el mar como de respeto a los compromisos de derechos humanos, de manera que pueda acabarse con el enfoque securitario de impermeabilización de fronteras y control y prevención de las migraciones.
Que se detengan las prácticas de bloqueo y devolución en el mar llevadas a cabo de manera sistemática por las autoridades policiales y militares de la Unión Europea y el Estado Español con la colaboración de países de origen y tránsito.
Que se hagan públicos los protocolos de actuación de estas autoridades a la hora de realizar rescates.
Que se establezcan mecanismos de contabilización y seguimiento de las embarcaciones presentes en el mar, así como del número de muertes, desapariciones y violaciones de derechos humanos ocurridas durante las operaciones de rescate, los bloqueos y las devoluciones.
Que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas para atribuir responsabilidades de las violaciones, las muertes y las desapariciones ocurridas en el mar y se pongan en marcha procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares.

La llegada a tierra

En cuanto a la llegada a tierra, recomendamos:

Que la primera atención que se realiza por parte de Cruz Roja en la llegada se organice en base a criterios médicos y psicosociales en lugar de policiales, y que se revisen los medios y protocolos de intervención así como que se intervenga siempre con el número de traductores/as que sea necesario.
Que el Ministerio de Interior proceda al cierre de las instalaciones de detención del puerto de Motril y Almería y al mismo tiempo garantice que las personas serán retenidas en espacios dignos. Por otro lado, que el Gobierno, junto con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, encuentre mecanismos con los que poder llevar a cabo la identificación correcta de las personas recién llegadas en el menor tiempo posible intentando minimizar la privación de libertad.
Que se establezcan mecanismos y se doten de recursos para posibilitar tanto las solicitudes de asilo como una atención individualizada adecuada en la llegada, y que se analicen la proporcionalidad y la necesidad de medidas que afectan a derechos fundamentales como el internamiento en los CIE.
Que desde la primera asistencia se dediquen mayores recursos a la realización de un acompañamiento psicosocial adecuado, posibilitando la prevención y visibilizando y legitimando el dolor emocional y el daño psicológico.
Que se amplíen los programas de formación a los/as profesionales que trabajan en la recepción de personas migrantes, ya sean funcionarios públicos o trabajadores de organizaciones para que tengan una correcta formación desde una perspectiva de género interseccional.
Que se aplique un protocolo garantista para atender a las personas que son menores de edad o se sospecha que puedan serlo. Que estas sean trasladadas inmediatamente a centros de centros de protección de menores en vez de mantener la ruta prevista para las personas adultas. Asimismo, que en la determinación de la edad prime siempre un criterio de protección de los derechos del niño/a en casos de duda razonable.
Que el Consejo General del Poder Judicial revise la metodología que los Juzgados de Instrucción están implementando a la hora de decidir si las personas ingresan en Centros de Internamiento o no, con el objetivo de que cesen las vistas colectivas de internamiento y los autos no individualizados.
Que se cree un organismo dotado con medios económicos que trabaje en coordinación con los Institutos de Medicina Forense destinado a la identificación de las personas que han fallecido en el Mar para facilitar una correcta información a sus familiares y favorecer la repatriación de los cadáveres.

Los centros de internamiento de extranjeros/as

En cuanto a los centros de internamiento de extranjeros/as, recomendamos:

Que se cierren los CIE del Estado Español y, en lo que respecta a los espacios de llegada por vías marítimas, se sustituyan por centros sin privación de libertad en los que se pueda garantizar la acogida en condiciones dignas a las personas que llegan a nuestras costas y una respuesta adecuada a potenciales solicitantes de asilo o las víctimas de trata.
Que se cree una base de datos pública que se actualice mensualmente con las personas internadas en los CIE y se especifique el género, el procedimiento que dio origen al internamiento, si han sido trasladadas desde otro CIE, si efectivamente se las ha deportado o no en función del tipo de procedimiento, así como las estadísticas de las personas que son devueltas sin pasar por el CIE.
Que se genere un sistema de traducción e interpretación permanente en los CIE adecuado a las personas que estén internadas y las lenguas que hablen para garantizar el correcto funcionamiento de los CIE y la resolución de conflictos mediante la mediación, y de esa manera velar por el derecho a la defensa, al asilo si fuera aplicable, la protección de víctimas de trata y el derecho a la salud.
Que se garantice la existencia de un Servicio de Orientación Jurídica en todos los CIE, dotado económicamente, para poder garantizar los derechos de las personas internadas, y en especial en aquellos casos en que los abogados/as de oficio se encuentren lejos del CIE. No obstante, es preciso garantizar que las personas son internadas en un lugar próximo adonde se encuentra su abogado/a de oficio.
Que se generen mecanismos de acogida suficientes para que las personas puedan vivir con dignidad una vez abandonen los CIE, si no tienen red suficiente.
Que los Juzgados de Instrucción en funciones de control de los CIE realicen su trabajo de manera eficiente y garantista ya que se han detectado prácticas alejadas de la función que se les presupone a algunos Juzgados de Instrucción en tareas de control de los CIE.
Que el Consejo General del Poder Judicial después de trabajar con organizaciones de defensa de derechos humanos, emita recomendaciones para la investigación efectiva de eventuales situaciones de violencia institucional que pudieran tener lugar en los CIE.
Que el Gobierno tome medidas para garantizar la prevención de situaciones de violencia institucional así como para la investigación correcta de cualquier denuncia que se presente. En concreto, que desde que se tenga conocimiento se preserve la prueba para que los hechos no puedan quedar impunes.
Que se establezcan espacios adecuados para las mujeres en los CIE y se garantice que tendrán un kit higiénico adecuado. Asimismo, que se establezcan mecanismos para la detección adecuada de víctimas de trata así como para su protección efectiva.

Mujeres migrantes

En cuanto a las mujeres migrantes, recomendamos:

Que las autoridades reconozcan que las mujeres migrantes son agentes activos de los procesos migratorios que emprenden y que dejen de vincular sus experiencias a las de los hombres para así poder empezar a hablar de un sistema de protección efectivo.
Que se concreten los conceptos de trata con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral para la efectiva protección de las mujeres que se encuentran en situación de trata.
Que en los procesos de identificación de víctimas de trata prevalezcan los principios de seguridad y privacidad, que se seleccionen adecuadamente a los/las intérpretes y el personal femenino con formación especializada en la materia, y que se evite causar daño o traumatizar de nuevo.
Que no se sancione económicamente el ofrecimiento o la negociación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público, hecho que criminaliza y revictimiza a las mujeres migrantes a las que se les aplica la sanción.
Que se adapte la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria para que los casos de las mujeres víctimas de trata no se vehiculen mediante la Ley de Extranjería y puedan ser estudiados como potenciales casos de protección internacional.
Que se desarrolle un Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos para su explotación laboral a nivel estatal para la detección de estos casos y para su efectiva protección.

¿La acogida?

En cuanto a la acogida, recomendamos:

Que la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social sea reformada para una mayor flexibilización de los criterios bajo los cuales una persona puede regularizar su situación administrativa.
- Que se otorgue el permiso de residencia y trabajo a una persona que lleve viviendo seis meses en el Estado Español y que cuente con una oferta de trabajo, sea cual sea la naturaleza de dicho contrato.
- Que se otorgue el permiso de residencia y trabajo a una persona que lleve viviendo entre doce y dieciocho meses, según el caso, en el Estado Español por arraigo social sin que tenga que demostrar la tenencia de un contrato de trabajo.
Que se garantice que las personas migrantes no regularizadas tengan acceso por ley a la sanidad pública en las mismas condiciones que las personas que poseen la nacionalidad española.
Que se garantice que las personas puedan empadronarse a pesar de no contar en un primer momento con un domicilio fijo.
Que se modifique la regulación en materia de expulsiones y devoluciones para que la deportación se considere una medida de última ratio, fomentando por contra la regularización de las personas que se hallen en situación irregular.
Que se genere la función de juzgados de garantías ante la deportación para que en todos los casos una deportación pueda ser confrontada con los derechos fundamentales en juego, como la vida en familia. Es necesario que haya control jurisdiccional directo ante cualquier deportación, ya que en la práctica muchas se están realizando de manera exprés durante las citadas 72 horas sin que haya ningún tipo de control judicial.
Que las órdenes de devolución y expulsión prescriban en todo caso a los dos años de su emisión, con independencia del tiempo de prohibición de entrada que llevasen asociado. En todo caso, dicha orden, que pudiera no responder a la situación de la persona en el momento de su ejecución, tendría que ser siempre revisada por control jurisdiccional en el sentido que se ha indicado en la recomendación anterior.
Que la prohibición de volver a entrar a España que conlleva una orden de devolución o una orden de expulsión no sea tan elevada pues tiene graves consecuencias para las personas a las que se les impone, especialmente cuando tienen vínculos familiares o sociales en el país. Que en todo caso, no sea superior a dos años, entendiendo siempre que debería ser una medida de última ratio.
Que, después de una denegación de solicitud de asilo o de quedar en la calle tras su paso por un CIE, las administraciones públicas pongan a su disposición más recursos a los que acudir para no dejarlas en una situación de total desamparo.
Que se desarrollen actuaciones comunitarias para identificar necesidades y fortalezas de las personas llegadas y se implanten iniciativas que refuercen las estrategias psicosociales del colectivo.
Que el sistema público de salud mental sea accesible a las personas migradas, sin barreras idiomáticas ni culturales que les priven de la posibilidad de su relato.
Que se realice un trabajo de sensibilización con los profesionales sanitarios y se acepte que el modelo biomédico para analizar trastornos mentales utilizado no es válido, ya que sigue criterios y pautas occidentales cuando la sintomatología varía según la cultura.
Que el sistema de protección de menores no acompañados se adapte a las necesidades vitales, culturales y emocionales de estos, y que los centros de acogida sean espacios de educación y referenciales y no punitivos.
Que, cuando los menores no acompañados cumplan la mayoría de edad, el sistema de protección actual no deje completamente de atenderles hasta que no tengan una situación estructuralmente estable. Es preciso generar un sistema de protección para jóvenes que asegure su correcta inserción social, laboral y de estudios durante el tiempo que sea necesario y, en todo caso, hasta los veintitrés años.

El presente informe audiovisual es fruto de un trabajo conjunto de miembros de Irídia, Fotomovimiento y Novact:

Júlia Trias, Andrés G. Berrio, Bru Aguiló, Oriol Daviu, Pedro Mata, Maria Soler, Laura Curell, Mar Anaya, Marta Valldaura y Manu Gómez.

Asimismo, el equipo de investigación del presente informe quiere expresar su agradecimiento a las personas y colectivos que han hecho posible el mismo, ya sea aportando su conocimiento o apoyándonos en el proceso:

Pablo Socorro, Elisenda Pradell, Natàlia Abrego, Sònia Calvó, Gema Fernández, Jordi Campabadal, Cristina Hernández, Youssef Rochdi, Juan Guirado, Nadia Azougagh, Mikel Araguas, Lucía Muñoz, Sergio Rodrigo, Encarna Márquez, Paloma Yáñez, Benjamin Llorens, Irene Ruano, Txema Santana, Jenny Sadhwani, Mercè Duch, Francisco Collazos, Juan Carlos Lorenzo, José Antonio Rodriguez, Bubacar Dialla, Victoria Rosell, Koffi, Pepe Naranjo, Roberto Basterreche, Khadidiatou Ndoye, Aziz Faye, Abdelmoneim Maizi, Abdel Samah, Albert Bitoden, Amanda Romero, Ana Rosado, Arantxa Triguero, Binta, Francisco Ariza, Fátima, Francisco Cansino, Ismael, Gabriel Ruiz, José García, Jesús Mansilla, Mady Cisse, Nadia, Miguel García, Najib, Sowha, Oussmane, Leo, Juan José Castillo, Antonio Sicilia, Paz Rodriguez, Carmen Rueda, Habib, Eloi Sendrós, Sergi Richards, Eduard Marco, Martí Font, Núria Batlle, Rosa Choque, Xavi Elson, Francesc Gosalves, Xavi López, Amer Alhaj, Sandra Martín, Cirilo Barba, Tere Palomo, Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (APDHA), Centre Cívic Pati Llimona, Apòstrof.coop, Beca Devreporter - Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global.

Proyecto financiado por:

Ayuntamiento de Barcelona y Casa Nostra Casa Vostra

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